El Gobierno andaluz ha defendido este martes que ha habido "transparencia desde el primer minuto" en relación con el asunto de las subvenciones para la formación, mientras que ha acusado al PP-A de generar "confusión, alboroto y ruido", con una estrategia "claramente partidista".
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha echado mano del diario de sesiones del Parlamento para poner de manifiesto las diversas comparecencias del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para informar sobre las ayudas a los cursos de formación y de la hoja de ruta del Gobierno para la futura formación profesional, así como para "ordenar" el pasado, en virtud de una decisión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de poner en marcha el principio de no exoneración, es decir, que cualquier entidad, institución o empresa que quiera concurrir a una nueva convocatoria de ayudas para cursos de formación tiene que haber justificado las convocatorias anteriores.
Concretamente, ha detallado que el pasado 12 de febrero, el consejero anunció en el Pleno del Parlamento que había 375 peticiones o requerimientos de documentación en relación con ayudas concedidas para cursos de formación y que se había solicitado el reintegro parcial o total de 10, mientras que el 27 de febrero actualizó las cifras, con 399 y 13, respectivamente. El último dato, según ha agregado, lo dio el pasado 16 de abril, lo que arrojaba que de 4.000 expedientes, se habían producido 480 solicitudes de información y 56 peticiones de reintegro totales o parciales de la cantidad dada.
"En definitiva, transparencia e información desde el minuto uno por parte de este Gobierno", según ha sentenciado Miguel Ángel Vázquez, quien no ha facilitado en la rueda de prensa el montante económico de esas 56 peticiones de reintegro, por cuanto el procedimiento aún se encuentra abierto. También ha incidido en que hay que tener cuidado con la protección de datos y, en consecuencia, no dar los nombres de una serie de empresas, que están en fase de subsanar o justificar todo lo que no hayan hecho en este tiempo.
Ha señalado que, por el contrario, hemos asistido a una "estrategia de la confusión" por parte del PP-A, recurriendo a una "filtración tendenciosa e interesada, utilizando una institución del Estado, como es el Ministerio del Interior, en una estrategia claramente partidista".
Vázquez ha agregado que tanto el PP-A como el Gobierno central saben que la Junta de Andalucía está trabajando desde septiembre de 2013, "ordenando el pasado, planificando el futuro y gestionando el presente", en referencia a la revisión que se inició ese mes de todas las ayudas concedidas desde 2007 y hasta 2011, último año en el que se concedieron. Ha puesto el acento también en que el Gobierno andaluz está colaborando ante la petición de información de la Seguridad Social, que fue en febrero, cuando la Junta ya tenía mucho "terreno avanzando y estaba poniendo al día la situación".
MÁS CONTROLES QUE EN NINGÚN SITIO
El portavoz ha señalado que se decidió abrir esa revisión de oficio el pasado mes de septiembre porque la presidenta, nada más llegar al cargo, decidió establecer el principio de no exoneración, de manera que, "para poder dar futuras subvenciones, estando procedimientos vivos de expedientes, se decidió revisar desde el año 2007".
Ha indicado que "controles existían" y ahora existen "más controles que en ningún otro sitio" sobre las subvenciones públicas, por una decisión política de Susana Díaz.
Miguel Ángel Vázquez ha recalcado además que lo importante es que Andalucía, por una decisión de la presidenta, está a la cabeza en "investigación" y en "transparencia". Ha querido dejar claro que si al final de todo el procedimiento de revisión que tiene abierto la Junta, no se reintegra el dinero que se solicita o se descubre algún "ilícito penal" y en el caso de que alguna entidad, empresa o institución haya intentado "engañar" a la administración, ésta va a ir "con contundencia a la justicia".
Respecto a la convocatoria de ayudas para la formación de este ejercicio, ha señalado que va a tener una serie de características fundamentales, como el principio de no exoneración y que se va a producir por "concurrencia competitiva".
Ha aprovechado para señalar que en las convocatorias anteriores, aparte de empresas, también participaron instituciones como ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades, mucha de ellas gobernadas por el PP.
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