Las investigaciones comenzaron cuando una persona mayor denunció que le habían cobrado 450 euros por revisarle la instalación de gas. Tirando del hilo, los agentes descubrieron, que los tres detenidos y dos imputados eran trabajadores de una empresa granadina, sobre la que recaían once expedientes por once denuncias realizadas por diferentes afectados. Seleccionaban a sus víctimas entre personas de edad avanzada, a las que les decían que la revisión era obligatoria y que si se negaban a facilitarles el paso a la vivienda se les cortaría el suministro. Los afectados accedían por temor a quedarse sin gas, pagando entre 150 y 450 euros, dependiendo de la disponibilidad en metálico.
No solo pagaban cantidades desorbitadas, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos son personas con pensiones mínimas y el dinero pagado por la falsa revisión era cuanto tenían para pasar el mes, sino que además, en el informe técnico facilitado por el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía, se decía que las revisiones y reparaciones no eran necesarias, y que se habían hecho de modo anómalo. Recomendando a los afectados la contratación de técnicos cualificados para subsanar las deficiencias ocasionadas por los falsos revisores.
La operación policial se ha saldado con la detención de tres personas y la imputación de dos, todos trabajadores de la empresa de fontanería investigada, a la que el Servicio de Consumo de la Junta ha abierto once expedientes.
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