El juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, considera que los recortes aprobados por el Gobierno están teniendo un "efecto directo" en el funcionamiento de la justicia, ya que está cundiendo el "desánimo" entre los funcionarios, que a partir de septiembre se limitarán a ejercer su trabajo en "estrictos términos reglamentarios", y están quedando obsoletos algunos medios y programas informáticos ante la falta de inversiones.
En una entrevista con Europa Press, Sánchez Gálvez, que es además titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Granada, ha dicho que, ante la situación actual, los jueces de la provincia se sumarán a las protestas que acuerden las asociaciones mayoritarias de jueces, sin descartar la huelga, que ya secundaron por primera vez en la historia de este colectivo en febrero de 2009.
"La huelga es una palabra y un concepto muy relevante y tiene en nosotros --los jueces y magistrados-- un impacto sobre nuestra propia mentalidad, pero no se descarta, aunque tampoco queremos hacer anuncios que no hayan sido sometidos a un debate profundo y a consideración por parte de las juntas de jueces", que, según ha recordado, se generalizarán en todo el país en el mes de septiembre.
Para el magistrado, la situación de los juzgados unipersonales en Granada, que desde 2008 están sufriendo una carga de trabajo "al límite de sus posibilidades" y altos niveles de pendencia, mejorará si mejora la situación económica y se acometen las reformas necesarias para la modernización del sistema, recuperando las oposiciones de jueces, que "han sido prácticamente suspendidas", para "poder atender mejor y en menos tiempo a la demanda que tenemos que hacer frente".
Además, ha afirmado que, según las estadísticas, aunque la ratio de funcionarios de la administración de justicia en España no está por debajo a la de otros países, "la distribución no es la adecuada".
Por ello, el juez decano apuesta por el despliegue definitivo de la Oficina Judicial, aunque alerta de que se diseñó en 2003, cuando la situación económica era totalmente distinta, que habría que adaptar a la coyuntura actual.
Según ha recordado, las normas procesales de desarrollo de la Oficina datan de 2009 y el "despliegue efectivo" se produjo en algunas ciudades, como en Burgos o Cáceres, al año siguiente. Sin embargo, actualmente el calendario de implantación está "en suspensión", lo que hace sospechar que este nuevo modelo "no se podrá ver a muy corto plazo". "Hay una situación de clara incertidumbre con respecto a este tema y a las reformas que está anunciando el Ministerio de Justicia", lamenta el juez decano.
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