El abogado de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo encarcelado por los ERE falsos, ha pedido a la juez Mercedes Alaya que tome declaración al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al exinterventor general que fiscalizó las ayudas investigadas y al jefe del Gabinete Jurídico de la Junta.

Fernando de Pablo, abogado de Guerrero, ha dicho que en su escrito no precisa si estas personas deben declarar en calidad de imputadas o como testigos, pues se trata de aspectos que debe decidir la propia juez.

En un escrito entregado hoy al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, el letrado pide que declaren José Antonio Viera, consejero de Empleo entre el 2000 y el 2004, así como Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta entre el 2000 y el 2010 que firmó los informes sobre las ayudas que investiga la juez, y Francisco del Río, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta y miembro nato de los consejos rectores de las agencias IFA e IDEA, a través de las cuales se canalizaron las ayudas.

Además, pide que la juez requiera al PP, personado como acusación particular, para que aporte la documentación que tenga en su poder de una vez y no en "capítulos semanales".

Por el caso de los ERE fraudulentos se encuentran encarcelados desde marzo Guerrero y su chófer y perceptor de 1,2 millones de euros en ayudas, Juan Francisco Trujillo, así como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión desde el 24 de abril.

Un informe la Guardia Civil entregado a la juez ha señalado el "papel esencial" de Viera en las ayudas, pues insistía en "sacarlas adelante" y "promovía" las referidas a la Sierra Norte de Sevilla, donde tiene vínculos personales.

Además, en su comparecencia judicial antes de ser encarcelado, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la exportavoz de la Junta Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema a Viera, actual diputado en el Congreso.

Por su parte, el jefe del Gabinete Jurídico ya declaró como testigo ante la juez Alaya en mayo del 2010, en las primeras etapas del caso por el pago de comisiones en Mercasevilla, y dijo que nada más ser informado de los hechos aconsejó denunciarlos en la Fiscalía.

Según dijo entonces el jefe del Gabinete Jurídico, su consejo fue poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Empleo, que había concedido una subvención de 900.000 euros a Mercasevilla, y luego denunciarlo en Fiscalía.

Por su parte, Gómez Martínez, como responsable del organismo fiscalizador, emitió informes sobre la falta de procedimiento administrativo con el que se estaban repartiendo los fondos de los ERE y ocupó el cargo hasta que en abril del 2010 fue nombrado director general de Finanzas.