La Fiscalía va a solicitar penas de cuatro años de prisión y multa de diez meses a razón de 18 euros al día para el responsable de mantenimiento de una compañía de piedra natural y para el administrador de una subcontrata acusados de ponerse de acuerdo para estafar a la multinacional más de medio millón de euros.
El Ministerio Público atribuye a J.L.F.G. y a J.M.E.R. la presunta comisión de un delito continuado de estafa ya que considera acreditado que prolongaron sus prácticas presuntamente fraudulentas durante dos años entre 2005 y 2007.
El escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que J.L.F.F. estuvo desarrollando función de responsable de mantenimiento en una mercantil dedicada a la elaboración y distribución de la piedra natural.
Señala que, entre sus cometidos, estaba el proponer la organización del mantenimiento necesario en la fábrica, coordinar la planificación del mismo y supervisar su cumplimiento, definir los requisitos para peticiones de oferta para los diferentes contratos, coordinar y supervisar la actividad de las personas bajo su responsabilidad, así como establecer planes y procedimiento para el abastecimiento de material y equipos necesarios para el cumplimiento de su labor.
El fiscal indica que el coacusado, J.M.E.R., constituyó en 2004 una mercantil dedicada al mantenimiento y ciudadanos de instalaciones y máquinas, y que, entre los años 2005 y 2007, prestó servicios relacionados con su razón social para la multinacional de la piedra natural con esta y con una segunda de la que, igualmente, era representante legal.
Presuntamente, en ese contexto, ambos, "puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico defraudando", habría elaborado partes de trabajo "fraudulentos" emitidos a nombres de las entidades mercantiles de J.M.E.R., que eran supuestamente visados por J.L.F.G. y en los que facturaban trabajos que "no" realizaban, reflejaban "mayor número de horas de las que realmente llevadas a cabo" o "mayor número de trabajadores".
El Ministerio Público apunta a que, mediante este modo de operar, habrían facturado a un precio que oscilaban entre los 11 y los 20 euros la hora, dependiendo del trabajo realizado, 128.751 horas cuando las trabajadas habían sido 117.727 euros, o 113.183 horas cuando las trabajadas habían sido 92.465.
Según el cálculo registrado en el escrito, el beneficio económico que supuestamente obtuvieron asciende a 526.513,93 euros ya que las horas sobrefacturadas por los acusados ascenderían a 31.742.
En la vista oral, señalada en la Audiencia Provincial de Almería para los días 1 y 2 de marzo, el fiscal va a solicitar que indemnicen a la compañía defraudada por esa cuantía.
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