Almería

Medio Ambiente concretará su plan para regenerar la zona quemada de Sierra de Gádor después de la primavera

En una primera fase y tras haber analizado la zona, no se dieron los condicionantes técnicos para la declaración de emergencia puesto que "no existían riesgos graves o inminentes para las personas, los bienes o las infraestructuras"

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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía prevé concretar su plan de actuación para regenerar más de 2.800 hectáreas de terreno que quedaron calcinadas el pasado año en la Sierra de Gádor a causa de un incendio después de la primavera y en base a un informe final mediante el que se pretende evaluar la regeneración natural del terreno.

   Fuentes del Gobierno andaluz han explicado a Europa Press que este informe final se obtendrá a partir del mes de abril. Así, se pretende analizar la capacidad del terreno para regenerarse por si solo y contrarrestarlo con el informe de daños existente en la zona. "Será entonces cuando se verán las actuaciones necesarias que se desarrollarán, no antes", apunta la Consejería.

   Según la Junta, en una primera fase y tras haber analizado la zona, no se dieron los condicionantes técnicos para la declaración de emergencia puesto que "no existían riesgos graves o inminentes para las personas, los bienes o las infraestructuras".

   Así, se solicitó a la Delegación Territorial de Almería un informe de daños, cuyos datos se compararán con un análisis que se debe realizar al año del incendio, ya que uno de los principales aspectos a tener en cuenta consiste en observar el impacto de las lluvias del otoño-invierno. Esta comparativa será la base para las actuaciones que se ejecuten.

   No obstante, las actuaciones que se tengan que desarrollará conllevarán fundamentalmente dos fases: una corrección hidrológica en verano y una posible reforestación del suelo, que tendría lugar a partir de octubre.

   Según indica la Junta, de la superficie total quemada, unas 2.882 hectáreas, el 76,3 por ciento es propiedad privada y el resto pertenece a los ayuntamientos afectados y, en menor medida, a la Junta de Andalucía. De las hectáreas afectadas, un total de 130 hectáreas estaban ocupadas por bosques de pinares, que debido a la tipología del terreno eran pies de pino carrasco.

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