El Gobierno vasco ha hecho llegar al Comité Internacional de Verificación una propuesta de "desarme rápido" basado en "un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social, internacional e institucional". Entre los cinco puntos que el Ejecutivo exige a la banda se incluye la creación de un "comité para el desarme" al que la banda entregue "en un plazo de tiempo comunicado" la localización de sus armas para que el Ejecutivo autónomo actúa como proceda.
El Gabinete Urkullu ha hecho pública esta oferta después de que los verificadores hayan anunciado en un comunicado que han recibido informes de ETA de que continúa el sellado y puesta fuero de uso operativo de sus armas y explosivos.
En su propuesta, el Gabinete Urkullu asegura que, "pasados 38 meses" del anuncio del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA, es "demasiado tiempo sin un resultado efectivo". Tras afirmar que el anterior gesto de desarme fue "un paso a todas luces insuficiente", afirma que "la ausencia de avances y el incumplimiento de compromisos anunciados, incluso públicamente, confirman que ETA se ha instalado en el no desarme".
Para el Ejecutivo autónomo, ello "no es aceptable" porque "tiene un alto coste social y político que ha de pagar la sociedad vasca en forma de injusta hipoteca". Por ello, afirma que "ha llegado la hora de hacer un emplazamiento directo a ETA con una propuesta concreta para un procedimiento rápido, viable y efectivo de desarme".
Recuerda que "el desarme mediante sellado no verificado y sin calendario" es el modelo actual por el que ha optado ETA, asegura que "a efectos prácticos y políticos, se trata de una forma de no-desarme. Un sellado de armas sin verificación y sin calendario equivale a nada" por lo que cree que "no es un escenario aceptable".
Por ello, cree que "ha llegado la hora de poner encima de la mesa un planteamiento claro". Su propuesta incluye cinco pasos, entre ellos que ETA acepte "materializar el desarme ante la sociedad vasca y canalizarlo mediante los buenos oficios de un comité para el desarme con una composición social, internacional, e institucional".
Añade que, "en un plazo de tiempo comunicado", ETA estructurará el depósito de todas sus armas y explosivos "en un número determinado de almacenamientos localizables y seguros para la población".
Paralelamente, agrega, se constituirá "un Comité para el Desarme compuesto por una representación del Foro social que ha venido reuniéndose con el Comité Internacional de Verificación, de los agentes internacionales y por representantes del Gobierno vasco".
También se solicitará el apoyo del Parlamento vasco para este comité. "La banda armada deberá hacer entrega de la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca representada en el Comité para el Desarme", añade.
Por último, afirma que "esta representación social" entregará esta información al Comité para el Desarme que lo pondrá, a su vez, "en manos del Gobierno vasco para que éste actúe como legalmente proceda".
El Gobierno vasco se ha dirigido a ETA y le ha emplazado a asumir esta propuesta "porque representa la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca". "El no-desarme es una hipoteca que ETA obliga a pagar a la sociedad vasca. El desarme es un deuda que ETA tiene contraída con la sociedad vasca".
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