El exalcalde de Zurgena (Almería) y actual edil de Obras y Servicios, Cándido Trabalón (PA), se enfrenta en octubre a un nuevo juicio por un presunto delito urbanístico en el que el fiscal va a solicitar penas de 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público acusado de conceder licencia de obra para ocho edificios con 202 viviendas y dos piscinas sobre suelo no urbanizable.
Trabalón, inmerso en una docena de causas penales entre las que destaca la conocida como caso 'Costurero' en el que el Ministerio Público pide para él 180 años de cárcel y más de 1.000 años de inhabilitación especial, se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 los días 30 de octubre y 1 de noviembre junto a siete exconcejales de la corporación de diverso signo político, el promotor del residencial y el arquitecto redactor del proyecto.
El escrito de acusación, consultado por Europa Press, recoge que J.I.J.R., en calidad de apoderado de la mercantil Inmuebles Promurdi SL, decidió construir 202 viviendas en la parcela 168 del Polígono 16 del término municipal de Zurgena, más conocido como pareja de La Alfoquía, "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y que no eran autorizables conforme a la legislación en materia urbanística".
Así, habría encargado al arquitecto J.L.L. la redacción del proyecto, encargo que realizó y que contemplaba ocho edificios de tres plantas con una altura de 8,87 metros "con conocimiento de que el suelo no era urbanizable y que las viviendas no eran autorizables" y, además, de que "conforme a la legislación urbanística la altura del inmueble no podía superar los siete metros ni las dos plantas".
Según indica el Ministerio Público, la mercantil solicitó al Ayuntamiento la licencia de obras el 22 de junio de 2005. En el expediente administrativo se emitieron los preceptivos informes jurídico y técnico. El primero "no era ni favorable ni desfavorable" a la licencia pues se limitaba a señalar que "debían ser los servicios técnicos los que determinaran si era adecuado a la normativa urbanística".
En el caso del segundo informe, tal y como añade el fiscal, este no era favorable y advertía de que el proyecto "incumplía la normativa que solo autorizada planta baja y primera con una altura máxima de siete metros".
Pese a estas premisas, el 7 de octubre de 2005, siete ediles de la corporación local y Trabalón como alcalde, votaron en pleno a favor de la concesión de la licencia pese a que "todos ellos eran conocedores" de las circunstancias expuestas anteriormente.
A J.I.J.R. y a J.L.L. el fiscal les imputa un delito contra la ordenación del territorio en grado de tentativa ya que aunque la mercantil allanó el terreno e instaló farolas y una caseta prefabricada donde ofrecía la venta de las futuras viviendas, no se llegó a iniciar la construcción de ninguno de los ocho edificios debido a que la Guardia Civil levantó atestado en abril de 2007 y se incoaron diligencias previas un mes después.
En el caso de los ediles acusados de presunta prevaricación, entre los que figura el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, el otro principal encausado en el caso 'Costurero', interesa también penas de 21 meses de prisión y nueve años de inhabilitación mientras que para el promotor y el arquitecto solicita cuatro meses de cárcel, multa de ocho meses a razón de 12 euros al día, e inhabilitación especial por un periodo de cuatro meses.
NO PROCEDÍA LA ACUMULACIÓN DE CAUSAS
La vista oral de este procedimiento ya fue aplazada en marzo de 2013 después de que el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Almería acordase remitir al juzgado instructor la causa para que resolviese si procedía acumularla junto con el resto de proceso penales en los que está imputado Trabalón por presuntos delitos de prevaricación y estimase así la cuestión previa planteada por las defensas.
En los dos procedimientos en los que se ha celebrado ya juicio, en uno se dictó absolución aunque la Fiscalía ha recurrido a la Audiencia Provincial y sigue pendiente la impugnación mientras que en el segundo se condenó al exregidor y resto de concejales a penas idénticas a las de esta causa aunque en segunda instancia se revocó y se dictó absolución.
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