La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado apercibir al alcalde de Carboneras (Almería), el independiente Salvador Hernández (Gicar), por las últimas acciones promovidas en favor de la apertura del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico al considerar que adoptar una decisión de este tipo no es de su competencia y "excede" de lo que es la ejecución "literal" de la sentencia por la que falló que el establecimiento contraviene la Ley de Costas.

   La escueta providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, responde al primero de los dos escritos presentados por la organización ecologista Salvemos Mojácar en los que solicitaba que se apercibiese al regidor carbonero por el "incumplimiento sistemático" de las resoluciones judiciales que cuestionan la legalidad del hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas.

   La AN recoge que "no ha lugar" a la petición del colectivo "pues excede de la ejecución literal de la sentencia" que recientemente fue ratificada en firme por el Tribunal Supremo (TS), que confirmó que la orden ministerial de 2005 por la que se aprobó el deslinde en la zona y se fijó la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre en 100 metros fue "conforme a derecho" y que, por tanto, parte del inmueble construido por Azata del Sol la invade.

   Los dos escritos remitidos por Salvemos Mojácar hacen mención especial a la moción aprobada por unanimidad por los 14 municipios que integran la Mancomunidad del Levante almeriense en la que Hernández defiende a "legalidad incuestionable" del hotel e insta a encontrar fórmulas para salvarlo al considerar que esta máxima es "especialmente desafortunadas" después del fallo del Supremo.

   Así, para el colectivo, la postura del regidor carboneras demuestra de forma "fehaciente" la voluntad del Ayuntamiento de cumplir con la legalidad y demoler el hotel, además de poner de manifiesto "una vez más que el único interés de las administraciones implicadas es defender el hotel a toda costa, ignorando, incumpliendo y vulnerando la ley de forma sistemática"

   A esta reivindicación se sumó Ecologistas en Acción que instó el pasado día 23 a la Fiscalía a actuar de oficio contra Hernández por "incumplir" la citada sentencia y las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "que suspenden cualquier actuación urbanística en la zona".