Asociaciones de jueces y fiscales han encuadrado en la normalidad democrática la convocatoria de las elecciones catalanas del 27 de septiembre firmado este lunes por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al entender que forma parte de sus competencias y es respetuoso en letra y forma con la ley. No obstante, han advertido de que el Estado tiene que estar vigilante por si se plantea cualquier "desafío" una vez celebrados estos comicios.
En declaraciones a Europa Press, los portavoces de las diferentes asociaciones han puesto de relevancia que el decreto de convocatoria del 27S evita hacer alusiones al carácter plebiscitario que sí ha sido defendido con anterioridad por Artur Mas. "No se puede impugnar porque la intención no delinque mientras no se materialice en algún acto", ha comentado el portavoz de la Asociación Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo.
Joaquim Bosch, de la Asociación Jueces para la Democracia, ha sostenido que sería "prematuro anticipar cualquier vulneración del ordenamiento jurídico" remitiéndose al decreto de convocatoria de estos comicios, diferenciándolo del referéndum del 9 de noviembre.
Para el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, el documento donde Mas ha estampado su rúbrica contiene una convocatoria ordinaria "para evitar la ilegalidad" y que no sea recurrido. "Otra cosa es el fondo del asunto o lo que se quiera hacer políticamente, pero el decreto, tal y como está diseñado", es "normal", ha explicado.
Con la firma del decreto, el presidente catalán cumple el compromiso adquirido con ERC y las entidades soberanistas de convocar unas elecciones justo un año después de firmase en el Palau de la Generalitat un decreto de convocatoria de una consulta de autodeterminación, un decreto que fue impugnado y suspendido, y que acabó con un 9N alternativo.
El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, ha destacado la "normalidad" de las elecciones, a pesar de que Mas haya señalado este lunes que Cataluña "no vive en condiciones normales" y que, por tanto, no son unas elecciones normales. "El problema vendría con el Parlamento elegido si se mantiene el desafío al Estado", ha comentado, añadiendo que "supone" que el Gobierno "tomará las precauciones que no tomó el 9N".
La Unión Progresista de Fiscales ha puesto en valor que el decreto es "impecable" desde el punto de vista del respeto a la legalidad democrática. "En democracia se puede hablar de todo", ha subrayado su portavoz, Álvaro García Ortiz, quien ha abogado por abrir el "tiempo de la política para buscar una solución política a un problema de convivencia".
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