Nadie va a negar que las empresas públicas tuvieron su razón de ser en aquellos tiempos en los que la bonanza económica permitía una actividad frenética necesitada para atender todos los proyectos, aunque con el tiempo se haya visto en lo que han quedado muchos de ellos. Pero eran circunstancias distintas que ahora se dan en el sentido radicalmente contrario.
Aun admitiendo su necesidad en aquellos tiempos -que siempre habrá quien las considere innecesarias, antes y ahora- tampoco se puede negar que de la misma forma que las circunstancias obligan a una cosa, el cambio de las condiciones obliga a adaptarse y ahí se encuentra anclado uno de los puntos débiles de los gobiernos de todo signo político, munipales, provinciales, regionales y nacionales.
Cientos de miles de personas están colocadas en esas empresas que ahora arrojan pérdidas millonarias y que cuando ganaron dinero, visto lo que se está viendo, lo hacían en parte por el despilfarro de los políticos que tiraban con pólvora ajena y siguen tirando.
Y ese es el quid de la cuestión, por qué siguen tirando y por qué todos los gobiernos que las sostienen no se han desprendido de ellas como primer paso para paliar el déficit, en vez de centrar ese loable interés en las cuentas públicas en recortar derechos sociales de todo tipo y condición.
La respuesta en bien sencilla. En esas empresas están colocados, además de los trabajadores que han accedido a ellas legítimamente, miles de empleados cuyo principal mérito fue pertenecer a un partido político, ser políticos en la reserva y, sobre todo, aquellos que tienen mucho de que hablar y mucho que callar.
Una solución para paliar el déficit sería acabar de un plumazo con las empresas deficitarias o simplemente que ya no cumplan con su cometido, que puede que sean la mayoría. Obviamente aumentaría el paro, pero pagar el desempleo sería mucho más barato que mantener los apetitosos sueldos de sus planas mayores, generalmente con más jefes que indios y con indios mileuristas frente a integrantes de los clubes de los 50.000 euros.
¿Por qué no se hace? Sencillamente porque eso supondría dejar en la calle a muchos militantes con carnet, y lo que es más peligroso, a aquellos que tienen mucho de qué hablar y mucho que callar. Los grandes partidos, nacionales y regionales, se convertirían en auténticos polvorines y saltarían por los aires y los intereses económicos que tienen contraídos con toda clase de gente se irían al traste.
¿La democracia se iría al traste si faltaran esos grandes partidos que se han convertido en corporaciones mercantiles y fábricas de empleo para los de su mismo pelaje? No. Se irían al traste los grandes partidos que han pervertido la democracia. Simplemente. Es cierto que llegarían otros que comenzarían a recorrer el mismo y perverso camino, pero ahí es donde entra la sociedad civil. O mejor dicho, la sociedad civil ya ha entrado en acción con esas protestas que desde el poder se consideran minoritarias mientras que la mayoría silenciosa “está trabajando en silencio”, que diría Rajoy.
Craso error, porque la mayoría silenciosa ya no existe, está en las redes sociales, estamos en los periódicos escribiendo artículos que demuestran que incluso los que trabajamos estamos en desacuerdo con lo que han hecho y siguen haciendo y está en los autobuses, en los supermercados, en las farmacias, en los parques... dejando claro el rechazo a la involución que desde los poderes fácticos del capitalismo salvaje se está produciendo en Europa, quizá también víctima, antes que verdugo de sus ciudadanos.
He puesto sólo el ejemplo de las empresas públicas -aunque hablando de derechos de la casta política no acabaríamos nunca- al hilo de uno de los datos aportados por el PSOE en una denuncia sobre la Empresa del Suelo Isleña SA (Esisa), una empresa municipal en una ciudad que sube un 20 por ciento las tasas y se permite pagar más de 600.000 euros anuales en sueldos a empleados de un ente abocado a pérdidas y hoy en día, fuera de lugar porque ya no existe el mercado que la creó. O que hace desaparecer el nombre de la Gerencia de Urbanismo manteniendo todo el empleo, incluida la cuota política de todas las empresas públicas.
Hace tiempo dije en este mismo espacio que o los políticos arreglaban lo que estaba ocurriendo, o quitaríamos a los políticos, a pesar del riesgo que ello supone por cuanto se abre la puerta a los salvadores de patrias que siempre han resultado peor remedio que la enfermedad. Hoy lo mantengo y además vuelvo a avisar.
Lo que está ocurriendo en la calle, las manifestaciones, las cargas contra la policía y las cargas policiales; la mayoría silenciosa de los supermercados, las farmacias, los parques y las redes sociales; la huida hacia adelante de la casta política presa de sus propios y espurios compromisos, forzados o no por las circunstancias provocadas por ellos o por otros... todo eso junto y mucho más son síntomas precisos de la descomposición de un sistema que está a punto de explotar.
¿Hay manera de evitarlo? No. Ya no. Cuando se paga un euro por receta mientras el gerente de una empresa municipal deficitaria gana 70.000 euros al año, el cabreo termina en sangre. Más pronto que tarde. Al tiempo.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
