La Junta de Andalucía destinará a lo largo de este año 477.541 euros para la puesta en marcha de nueve cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) que beneficiarán a 135 alumnos. Así pretende ayudar a la inserción laboral mediante la cualificación. De hecho, los cursos están dirigidos a personas paradas de larga duración y a los jóvenes que necesitan un complemento a sus estudios, así como a mujeres víctimas de violencia de género.
Se trata del ejemplo local de una inversión que en la Sierra es de 1,6 millones millones de euros para el desarrollo de 30 cursos de quince alumnos que beneficiarán a unos 450 desempleados de la comarca. Se realizarán acciones también en Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Olvera, Torre Alháquime, Villamartín y Zahara de la Sierra. Solo han podido optar a impartir esta formación entidades acreditadas por el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía que, para ello, cuenten con los medios necesarios. A este respecto, las entidades que impartirán la formación son un total de siete en la Sierra.
Datos expuestos en rueda de prensa por el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, acompañado del alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, y la diputada provincial de Empleo, Ama Carrera.
Para participar en estas acciones, los interesados tienen que estar dados de alta como desempleados en el SAE. Tendrán prioridad en el acceso a los cursos los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres víctimas de la violencia de género y las personas desempleadas de larga duración, entre otros colectivos vulnerables.
Las especialidades subvencionadas en la provincia de Cádiz son 79, puesto que hay especialidades que cuentan con más de un curso esta programación. Entre otras, López Gil ha destacado las que se impartirán en la comarca: varias de la rama de la salud y la dependencia, las de idiomas para turismo y hostelería, las de gestión y administración de empresas, las vinculadas al sector de la piel, la centradas en las energías renovables y las industrias digitales, así como las relacionadas con el turismo. Sobre este punto, ha recordado cómo la convocatoria de Cádiz se ha ajustado todo lo posible a las necesidades formativas trasladadas a la Junta por los propios sectores productivos del territorio.
Esta formación comenzará en un plazo de tres meses, y si bien la fecha prevista para su finalización se fija en el 31 de diciembre del presente 2017, la normativa que rige esta programación contempla una prórroga hasta junio de 2018, siempre que se justifique debidamente la necesidad de alargar los plazos.
La mayor parte de los cursos programados para Cádiz conduce a un certificado de profesionalidad, que es un documento con validez no sólo para el territorio nacional, sino reconocido en toda la Unión Europea.
El delegado del Gobierno también ha recordado cómo hasta el 30 de abril continúa abierto el plazo para solicitar proyectos de escuelas taller o talleres de empleo. Como ha expuesto López Gil, “desde la Junta de Andalucía se ha hecho un importante esfuerzo para intentar ofrecer la mayor información posible a los potenciales promotores de este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que su normativa ha cambiado respecto a años anteriores”.
Por su parte, el alcalde de Arcos agradeció a la Junta la puesta en marcha de nuevo de estos cursos y destacó que “el mercado laboral es muy competitivo y los desempleados necesitan la máxima preparación en su búsqueda activa de empleo”.
Al Gobierno central
El delegado del Gobierno andaluz subrayó también cómo el esfuerzo inversor de la Junta contra el desempleo “choca con la actuación del Gobierno central”, según lo ocurrido en la última Conferencia Sectorial de Empleo. “En ella, Andalucía ha resultado ser la única comunidad autónoma que ha visto recortada su financiación, mientras que todas las demás tendrán un cinco por ciento más de fondos para combatir el paro, en Andalucía se contará con casi un cuatro por ciento menos para políticas activas de empleo, recibiendo 13,3 millones menos que el año anterior”, señaló López Gil.
La judicialización de la formación
Desde la Junta se lamentan de que la justificación efectuada por el Gobierno de la nación sea que “en Andalucía no se ejecutaban cursos de formación”, algo que, según López Gil, es “una falsedad” debido a que ese programa no se podía realizar al encontrarse judicializado. “Ahora se ha demostrado, precisamente, que era un proceso de judicialización bastante injusto. Además, por intereses políticos, ese procedimiento no ha permitido que muchas personas se hayan formado durante algún tiempo”.
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